Comercio de armas, un derecho al revés

Hubo un tiempo en el que las armas de fuego en poder de la población norteamericana fueron una necesidad; las circunstancias crearon el derecho y ambos dieron lugar a un negocio que lucra con un anacronismo y conduce a la paradoja de que las escopetas, revólveres y pistolas en manos de los estadounidenses ya no son parte de la solución sino de un problema que, favorecido por el TLC ha sido exportado a México.

Debido a la vigencia de fuerzas que se benefician con un multimillonario negocio, cada vez que es promovido el debate en torno a las armas a las que comercialmente, con requisitos mínimos y virtualmente sin control, tiene acceso la población norteamericana, se invoca un derecho consagrado por la Constitución que ejerce un efecto automático y paralizante. Lo extraño es que en un país de leyes, no se examine el asunto y se profundice a la luz de la contextualización del derecho.
Las leyes y las constituciones en el estado de derecho se asumen como lo que son: creaciones humanas concebidas para dar respuesta a situaciones concretas. Los legisladores no redactan sagradas escrituras, sino leyes y constituciones que son aplicadas con la certeza de que el paso del tiempo y los cambios que el progreso supone, plantearan nuevas necesidades en virtud de las cuales unas leyes caerán en desuso, otras serán enmendadas y hará falta nuevas.
La Constitución Norteamericana entró en vigor en 1790 y menos de un año después, para reparar una colosal omisión, se le introdujeron, en bloque, de una vez, las diez primeras enmiendas, conocidas como: Declaración de Derechos. La Segunda de aquellas enmiendas sostiene que: “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas. Aquella Constitución, la primera y la única que se ha mantenido vigente a lo largo de más doscientos años, fue resultado de circunstancias históricas que explican su contenido.
La fundación del Estado norteamericano fue resultado de un esfuerzo unitario que, mediante la revolución y la negociación, conducidas por una esclarecida vanguardia política, logró integrar las 13 colonias existentes en una Nación. Aquellos enclaves, cada uno de los cuales pudo haber sido un país y que existían, en algunos casos desde hacía más de 150 años atrás, se forjaron a partir de pequeños grupos de colonos que, durante décadas, vivieron aislados los unos de los otros.
A diferencia de lo ocurrido en Hispanoamérica, la colonización en América del Norte, no estuvo respaldada por la presencia de ejércitos de ocupación ni por grandes presupuestos para construir castillos y fortalezas. Los colonos norteamericanos, fueron puñados de hombres y mujeres desperdigados en millones de kilómetros de suelo virgen que, aislados y en condiciones de precariedad extrema fueron sumamente vulnerables.
Cuando Estados Unidos no poseía ejército, policía ni tribunales y el gobierno no estaba en condiciones de proveer la seguridad de los ciudadanos en tan vastos, inhóspitos y hostiles territorios, era lógico que la Constitución de la Nación, consagrara el derecho de sus ciudadanos a poseer y utilizar armas de fuego. Aunque parece ocioso es preciso recordar que las armas del siglo XVIII eran incomparablemente menos letales que las existentes en la actualidad.
La rápida anexión de nuevos territorios, algunos de ellos violentamente arrebatados a los indios y a México, especialmente la Conquista del Oeste fueron procesos excepcionalmente violentos en los cuales, junto a los laboriosos colonos, prosperaron las pandillas de ladrones de ganado, tierras y asaltantes de caminos, de los cuales era preciso defenderse.
Por unas y otras razones, el país se convirtió en un paraíso para los fabricantes y comerciantes de armas que, con el tiempo devinieron formidables grupos de presión, que movilizan inmensos recursos en la labor de lobby destinada a impedir legislaciones que regulen o limiten la libertad de poseer y vender armas. Entre ellas la más poderosa es la Asociación Nacional del Rifle (NRA) fundada en Nueva York en 1871 y que posee casi cinco millones de asociados.
La Asociación Nacional del Rifle, que hasta hace poco fue el organismo rector de los deportes con armas de fuego en los Estados Unidos, dedica importantes recursos a la promoción de las armas, cuenta con programas de radio, espacios en televisión y sitios en Internet, organiza cursos para todas las edades con especial énfasis en los niños, jóvenes y mujeres, promueve competencias locales y nacionales y respalda a las agencias privadas de seguridad.
No sólo por su solvencia económica, sino por la relevancia de sus asociados la NRA es la más influyente de las organizaciones norteamericanas de cabildeo con especial impacto en el Congreso y la Casa Blanca.
A la luz de la comprensión científica del Derecho y del sentido común es absurdo que, dos siglos después, cuando han desaparecido las causas y condiciones que dieron lugar a la norma constitucional que protege la tenencia de armas de fuego, todavía se le invoque y se le manipule para sostener un negocio que, en lugar de contribuir a la seguridad ciudadana atenta contra ella.
Amparándose en un precepto ostensiblemente anacrónico superado por el tiempo y por las circunstancias, en Estados Unidos se mantienen prácticas excesivamente liberales para la tenencia y el uso de armas de fuego, que permiten el lucrativo negocio de las armas.
Amparados en esas reglas, legitimas en épocas de Búfalo Bill, Wyatt Earp y Jesse James, no sólo millones de ciudadanos poseen armas de fuego, sino que también acceden a ellas todo el espectro de asesinos y delincuentes, narcotraficantes, tratantes de blancas y a contrabandistas que en calidad de mayoristas, las exportan a México donde fomentan el crimen, paradójicamente protegidos por la más antigua y avanzada de las constituciones liberales.

A pesar de sus meritos, la Constitución de Estados Unidos, que ha estado vigente por más doscientos años, ha sido enmendada en 27 oportunidades. El hecho de que un precepto haya sido plasmado en la Constitución, no significa que deba ser observado por toda la eternidad. Las leyes y las constituciones son transitorias, lo que es eterno es la justicia y el derecho.

Fuente: http://www.argenpress.info/2010/08/comercio-de-armas-un-derecho-al-reves.html

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Adhesión al Estatuto de Roma

Editorial El Periódico www.elperiodico.com.gt

El 17 de julio de 1998, en Roma, Italia, 120 Estados votaron a favor del estatuto que crea la Corte Penal Internacional (CPI), conocido comúnmente como el Estatuto de Roma. El 11 de abril del 2002, se depositaron más de las 60 ratificaciones de dicho Estatuto necesarias para la entrada en vigor del mismo. Consecuentemente, el 1 de julio del 2002 la comunidad internacional celebró la entrada en vigencia de la CPI.
El 11 de marzo del 2003, fueron juramentados en La Haya, Holanda, los 18 magistrados seleccionados por la Asamblea de Estados Partes (AEP), para integrar la CPI y el 21 de abril del 2003, la AEP eligió al fiscal que habrá de perseguir y acusar penalmente a quienes cometan crímenes de competencia de la CPI.
Los respectivos Estados, al respaldar la creación de la CPI, demostraron la firme decisión de apoyar la lucha contra la impunidad y el castigo de los autores de los crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad, así como de prevenir la comisión de los delitos más graves que denigran al género humano y, en forma desproporcionada, a las mujeres.
A la fecha, el Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 Estados, de los cuales 113 lo han ratificado. En América Latina aún no se han adherido a dicho Estatuto 3 países: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Los demás ya se adhirieron o ratificaron.
Como se recordará, el ex presidente Alfonso Portillo Cabrera (2000-4) envió el Estatuto de Roma a la Corte de Constitucionalidad (CC), para que esta opinara sobre si el mismo se ajustaba o no a nuestra Constitución. La CC dictaminó en el sentido que ninguna de las normas del Estatuto de Roma era incompatible con la Constitución, por lo que, prácticamente,  dio luz verde para su aprobación por el Congreso. No obstante, el Congreso no lo ha discutido ni aprobado.
De esa cuenta, la sociedad civil debe exigir al Congreso la aprobación del Estatuto de Roma con el propósito de que nuestro país pase a formar parte de la comunidad de naciones que condena y sanciona la comisión de los denominados delitos internacionales (crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad), y que los autores y cómplices de tales crímenes, en forma subsidiaria, enfrenten la justicia penal internacional y sean juzgados y condenados por la CPI.
La impunidad derivada de la comisión de los delitos internacionales no debe ser tolerada en una sociedad que se jacta de vivir en  democracia.

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Corte pide ratificar el Estatuto de Roma

POR ÓSCAR ISMATUL

Una comisión encabezada por Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI, se reunió con los jefes de bloques del Legislativo para sugerir que el Estado de Guatemala ratifique aquel instrumento internacional, indispensable para hacer justicia en los crímenes de lesa humanidad.

Si el Congreso atiende la solicitud, en Guatemala se podrían juzgar ese tipo de delitos cometidos a partir del 2002, sin necesidad de recurrir a juzgados nacionales.

“Creemos que es vital que Guatemala se sume a este esfuerzo y puedan ratificar su adhesión a la Corte”, expresó Moreno.

Dado que el Estatuto no tiene efecto retroactivo, la Corte no tendrá facultad para procesar a sospechosos de delitos como genocidio perpetrados antes de la fecha citada.

Guatemala aprobó el Estatuto de Roma mediante firma, en julio de 1998, pero falta que el Congreso lo ratifique.

Se necesita un decreto

Oliverio García Rodas, presidente de la Sala de Legislación y Puntos Constitucionales, aseveró que basta un decreto para ratificar el Estatuto.

“El proyecto de ley se encuentra con dictamen favorable en la Comisión desde hace cuatro años, y depende ahora de la voluntad de las bancadas”, dijo.

Los jefes de bloques Roberto Kestler, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Gudy Rivera, del Partido Patriota, y Manuel Barquín, de la Gran Alianza Nacional, coincidieron en que analizarán la solicitud. Solo la diputada Nineth Montenegro se mostró a favor de la ratificación.

Tomado de www.prensalibre.com.gt

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Jóvenes piden mejores oportunidades y fin de la violencia

POR AGENCIA ACAN-EFE PRENSA LIBRE.COM

En el lanzamiento de la campaña “ser joven no es un delito” como parte del “Año Internacional de la Juventud” que se celebra mañana, varios grupos de hip hop y de breakdance, se presentaron hoy en la Plaza de la Constitución, frente al antiguo palacio de Gobierno.

Un dirigente del movimiento de jóvenes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) , Abner Paredes, explicó que la campaña se realizará a través de la distribución de afiches, comunicados y calcomanías, para hacer consciencia sobre las necesidades de este sector.

La campaña, que se realizará en 100 de los 333 municipios que tiene Guatemala, están involucradas más de medio centenar de organizaciones que agrupan a los jóvenes.

Paredes manifestó que el objetivo es plantear a la sociedad “la diversidad juvenil, decirles que somos diferentes y que nos acepten tal como somos” .

“Nos dicen que somos culpables de la violencia, nos criminalizan pero no nos dan oportunidades de empleo ni educación, la situación de los derechos humanos de la juventud están mal en Guatemala”, sostuvo.

Sin precisar porcentaje, el dirigente señaló que hay pocos jóvenes con empleos, pese a que representan el 30 por ciento de los 14 millones de habitantes.

Un reciente estudio de Caldh estimó que 1,58 millones de jóvenes viven en la extrema pobreza y casi 400 mil están en pobreza.

Paredes dijo que para enfrentar la problemática juvenil, es necesaria una política integral que les de acceso a los servicios básicos.

En ese marco, anunció que mañana, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y el Consejo Nacional de la Juventud, presentarán esa política que beneficiará a los jóvenes de este país centroamericano.

Según Paredes, esta es la segunda vez que Guatemala celebrará el “Año Internacional de la Juventud” .

Explicó que el 18 de diciembre de 2009, la ONU proclamó el “Año Internacional de la Juventud: diálogo y comprensión mutua” a partir de mañana, 12 de agosto de 2010, hasta el 12 de agosto de 2011, con el fin de incentivar a los jóvenes a participar en el desarrollo de su país.

Durante el acto cultural en la Plaza de la Constitución, los grupos de hip hop y breakdance “Trasciende” , “Revolución” , “Chapin Crew” y “Guate Graf” , deleitaron a varias decenas de personas, mientras exigían el fin de la violencia, que se ha cobrado la vida de más de 300 menores en lo que va de 2010.

Paredes anunció que el próximo fin de semana, siempre en el marco de la campaña por el “Año Internacional de la Juventud” , se celebrará la eliminatoria centroamericana de breakdance, denominada “batalla del año” .

Con la participación de jueces de Francia, Alemania, Colombia y Brasil, un grupo centroamericano buscará su clasificación para un campeonato mundial de ese tipo de baile que se realizará próximamente en Francia, puntualizó.

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Descienden solicitudes de portación de armas de fuego

Luis Ángel Sas www.elperiodico.com.gt

Los números redujeron de manera significativa: de 10 solicitudes que ingresaban  cada día en 2008 a sólo 3 en la actualidad.  Uno de los motivos son los nuevos requerimientos establecidos en la Ley de Armas y Municiones aprobada en abril de 2009.

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) entregaba en 2008 un promedio  de 1,307 licencias cada mes para portar armas de fuego.  Dos años después, ese número se ha reducido en un 66 por ciento: en el 2010 el promedio mensual es de 446 nuevos portadores de pistolas o revólveres.

La reducción, según estadísticas de la Digecam,  fue drástica desde mayo del 2009. El 29  de abril entró en vigencia la nueva Ley de Armas y Municiones, que introdujo requisitos más exigentes para obtener una licencia o registrar una nueva arma.
Sólo basta con ver las estadísticas de 2 meses antes y 2 meses después de aprobada la norma: en febrero y marzo ingresaron 1,395  y 1,473 licencias respectivamente;  en mayo y junio fueron 4 y 371.  Las cifras, desde esa fecha, no han vuelto a repuntar.
Los funcionarios de Digecam afirman que hay varios factores que explican esa reducción. Primero, ahora las personas únicamente pueden tener una licencia con la cual pueden registrar tres armas; antes podían tener los permisos que quisieran  y registrar con cada una tres armas. Segundo,  en la actualidad el solicitante es sometido a evaluaciones psicológicas y técnicas sobre conocimiento de la ley y prácticas: si falla en alguna de los tres exámenes, le deniegan la licencia.

Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo (Iepades), cree que que la ley ha tenido mucho que ver en la reducción de solicitudes.  “Hay una historia de un señor de unos 85 años que solicitó una licencia y le temblaba el pulso. Antes, cuando sólo se pedía la cédula y la carencia de antecedentes penales y policíacos, se la hubieran dado. Ahora hay otros exámenes”, dice de León.
Los números de Digecam muestran que diariamente son rechazados unos 25 expedientes debido a que sus solicitantes no cumplen con los requisitos: o tienen antecedentes o no aprueban alguno de los 3 exámenes.

Algo bueno

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que hay más resultados derivados de la nueva ley: han aumentado las capturas por homicidio. “En el 2008 fueron capturados 223 y en el 2009 fueron 448. Casi el doble, y muchos por el arma”, dice Asturias.    De León expone un ejemplo claro: el supuesto asesino del ex asesor de Gobernación, Víctor Rivera, Juan Antonio Vásquez, utilizó una pistola inscrita legalmente y después buscó cambiar el registro, y eso llevó a la captura de cuatro personas más.

Personal de la Digecam acepta que hay varios casos en los cuales los registros han ayudado a llegar a los responsables de crímenes.

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