Desarme

POR OLGA LÓPEZ OVANDO

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La discusión sobre la pena de muerte saltó a la palestra por iniciativa de las bancadas de oposición Patriota y Líder, que abogan por su reactivación.

Algunos sectores sociales califican esa medida de politiquera y electoral, mientras que profesionales del Derecho estiman que es necesario que el Congreso legisle a efecto de definir ese vacío legal.

En el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a Guatemala que regulara el recurso de gracia para los condenados a muerte, luego de que Portillo eliminara esa facultad del Ejecutivo, la cual está contenida en la Constitución Política de la República.

El último intento por resolver este impedimento legal se hizo en el 2008, cuando el Congreso aprobó un decreto que restituía la aplicación de la pena capital y otorgaba al presidente la facultad del indulto.

Sin embargo, el 15 de marzo de ese año, Álvaro Colom vetó la ley, con el argumento de que era inconstitucional. Desde esa fecha, la mayoría de jueces han evitado condenar a esa pena a secuestradores, asesinos, violadores y parricidas, que son los delitos a los que se puede aplicar, según el Código Penal.

Los últimos ejecutados

Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate Hernández fueron los últimos reos ejecutados, en el 2000, por el secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán.

La decisión de Portillo de retirar la facultad al Ejecutivo para decidir sobre el recurso de gracia es la causa de que nadie tenga la potestad legal de firmar las ejecuciones, ni el condenado de solicitar el indulto.

A esto se suma la serie de recursos que los abogados de los sentenciados interponen para retardar su ejecución, afirmaron varios jueces. En otros casos dijeron que los reos acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que la pena sea revocada, y por eso ha disminuido el número de condenados a muerte.

En el Juzgado Primero de Ejecución se encuentran pendientes cuatro condenas a muerte, y seis en el Segundo, según el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.

Voluntad política

De acuerdo con el abogado Álvaro Castellanos, falta voluntad de parte del Congreso para desentrampar el vacío legal, porque con el voto de dos terceras partes de los diputados se puede emitir una ley que establezca a quién corresponde conceder el indulto.

Agregó que mientras no se regule el recurso de gracia, no se podrá aplicar la pena de muerte a quienes hayan sido sentenciados por los tribunales de justicia.

Desde febrero último, la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso ofreció impartir un taller para definir quién será el responsable de confirmar la pena o perdonar la vida a sentenciados a muerte.

Una de las propuestas que se encuentran en el Legislativo es que el recurso de gracia quede en manos de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Otras mociones buscan que sea el Congreso en pleno quien decida, y otras, que la responsabilidad recaiga de nuevo sobre el presidente de la República.

Tradición

Expertos apuestan por esta última propuesta, y opinan que no sería conveniente delegar esa responsabilidad en la CSJ, sobre todo porque no estaría apegado a derecho que los magistrados, luego de emitir resoluciones sobre apelaciones de las sentencias, pudieran revocar tales fallos.

“Cuando dicen que sea la Corte Suprema de Justicia la que otorgue el indulto, sí se estaría contraviniendo la ley, porque un tribunal es el que fija las penas para un reo”, explicó el abogado René Arturo Villegas Lara.

El constitucionalista ve dos salidas: reformar la Carta Magna o denunciar el Pacto de San José, para abolir la pena capital.

“No soy partidiario de la pena de muerte, y considero que en lugar de ese castigo los jueces deben condenar a la pena máxima de 50 años”, comentó.

Alejandro Balsells, del Centro de Defensa de la Constitución, explicó que el indulto no debe ser potestad del ámbito judicial.

“El indulto es un concepto humanitario, y no hay una ley que determine quién debe conceder este beneficio, por lo que el Legislativo es el que debe legislar para aclarar esta situación”, aseveró.

Balsells indicó que no es necesario que se denuncie el Pacto de San José, porque lo que este señala es que no puede aplicarse la pena de muerte a nuevos delitos, sino solo a los que estaban vigentes cuando el Estado de Guatemala suscribió esa convención.

Igual que sus colegas, Balsells manifestó su desacuerdo con la pena capital, porque considera que no tiene un efecto disuasivo sobre el delincuente.

Explicó que también pueden existir errores judiciales en los fallos de los condenados a muerte, y recordó que el país tiene un sistema judicial con muchas carencias.

“En el país tenemos un sistema judicial muy débil para aplicar esas penas”, enfatizó Balsells.

Consulta a la CC

El experto Ricardo Sagastume señaló que el indulto es una decisión que debe resolver el Congreso, y estimó que debería consultarse a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el camino que se debe seguir.

“El Legislativo o el presidente Álvaro Colom deben efectuar esa consulta a la CC, para que se fijen las condiciones y competencias para definir el tema”, manifestó el constitucionalista.

Agregó que la pena de muerte no sería necesaria si el Gobierno impulsara políticas de combate de la pobreza y delincuencia, con medidas económicas y sociales que compensen las carencias de la población.

Se debe aplicar

Para Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, la pena de muerte se debe aplicar, porque figura en la legislación guatemalteca.

“En cuanto a si debe existir o no, como agrupación creemos que en las sociedades debe haber respeto a la vida, pero somos respetuosas de las leyes”, subrayó.

Mario Minera, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, expuso lo contrario, y aseguró que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar la vida de las personas y la justicia.

“Como organización de derechos humanos consideramos que lo fundamental es que el Estado se comprometa a hacer funcionar la administración de justicia, a efecto de que se persigan los delitos que fomentan la impunidad”, comentó.

Las fuentes consultadas esperan que el Congreso resuelva lo antes posible este vacío legal, y que los políticos no utilicen el tema de la pena capital únicamente con el objetivo de ganar apoyo para las elecciones del 2011.

Ese castigo volvió al centro del debate político a causa del incremento de asesinatos y la ola de delincuencia que azotan al país.